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             “Todo
retroceso en derechos alcanzados, es violencia”

• Garantizar
  una economía social, solidaria y para la vida, que rompa relaciones
  de explotación, mercantilización de los medios de vida, fomentando
  la participación de los actores de la economía social y solidaria.
• Que
  el modelo económico no considere a la naturaleza como un objeto de
  explotación irracional, por lo que exigimos que la iniciativa
  Yasuní ITT, de mantener el petróleo bajo tierra, sea sometida a
  consulta popular para demostrar al mundo que es posible un verdadero
  cambio de matriz productiva.
• Que
  el modelo económico extractivista, colonizador de los cuerpos de
  las mujeres, genera condiciones sociales y culturales que promueven
  la explotación y el abuso sexual.
• Que
  suspendan las negociaciones del TLC con la Unión Europea y se
  transparente los textos en negociación.
• Asegurar
  y garantizar el acceso real de las mujeres a los medios de vida como
  el agua, la tierra, las semillas, que mantengan la soberanía
  alimentaria y el mandato constitucional de No a los transgénicos.
• Garantizar
  los derechos laborales y la seguridad social para las mujeres,
  incluidas aquellas que están dedicadas al trabajo reproductivo y al
  trabajo sexual.
• Formular
  e implementar políticas públicas orientadas a promover
  responsabilidades compartidas en el trabajo del cuidado de la vida y
  creación de servicios que faciliten el ejercicio del derecho a la
  recreación y al descanso de las mujeres.
• Garantizar
  el acceso a la educación a todos los niveles, además de una
  educación no sexista, diversa, que promueva las libertades de
  conciencia, de cátedra,  de asociación y organización;
  principios democráticos que las últimas reformas están
  vulnerando.
• Garantizar
  el derecho a una vida libre de violencias: física, psicológica,
  sexual, económica, patrimonial y política, desde un pluralismo
  jurídico con enfoque de género.
• Nuestra
  máxima exigencia es una Ley Orgánica de Erradicación de las
  Violencias contra las Mujeres, la tipificación del feminicidio y el
  femicidio. Sin embargo, frente al contexto legislativo, demandamos
  de manera urgente que el Código Orgánico Integral Penal incluya
  nuestra propuesta a las reformas de la Ley 103, el Procedimiento
  Especial y Expedito para juzgar infracciones de violencia contra la
  mujer e intrafamiliar, la tipificación del femicidio y la violencia
  contra la mujer y la familia. No aceptamos retrocesos en nuestros
  derechos, menos aún en una Asamblea liderada por mujeres.
• Tipificar
  los delitos sexuales relacionados con la trata de personas desde una
  comprensión integral que sancione a los “consumidores” de
  explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, hecho
  repudiable que es considerado a nivel global como nueva forma de
  esclavitud. En concordancia con la Constitución, la legislación
  secundaria debe mantener esta coherencia a favor de las víctimas de
  trata y tráfico, incluyendo la figura del recurso efectivo para la
  protección y reparación de derechos.
• Despenalizar
  totalmente el aborto por ser un tema de justicia social y salud
  pública en el que hay que considerar los profundos problemas
  sociales, las altas tasas de mortalidad materna y la ausencia de
  garantías hacia las víctimas de violencia sexual. Las mujeres
  somos capaces de tomar decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos
  y proyectos de vida. En el contexto actual, exigimos la
  despenalización del aborto por violación considerado como delito
  de lesa humanidad, sustentado en la lacerante realidad de violencia
  sexual que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes en el Ecuador.
• Crear
  el Consejo de Igualdad de las Mujeres a través de la Ley Orgánica
  de Consejos de Igualdad. La superación de las desigualdades entre
  personas requiere de una Ley Orgánica basada en el reconocimiento
  de los sujetos de derechos, la implementación de sistemas de
  protección integral de derechos, y una institucionalidad que ejerza
  rectoría e incidencia en la construcción de políticas públicas,
  de acuerdo con el mandato Constitucional.
• Vemos
  con preocupación que el proyecto del Código Orgánico Integral
  Penal en lugar de garantizar los derechos humanos, colectivos y de
  la naturaleza – contrariando tratados y convenios internacionales y
  nuestra propia Constitución- criminaliza la protesta social,
  persigue a opositores políticos, coarta la libre asociación y
  participación, viola el derecho a la resistencia. Rompiendo la
  Constitución de garantía de derechos, el COIP aumenta penas para
  organizaciones, colectivos y personas, sobre todo servidores
  públicos, criminaliza, denuncia y condena a las mujeres más pobres
  en los servicios de salud, evadiendo las responsabilidades del
  Estado. Todo ello abre la posibilidad de que los/as operadores/as de
  justicia usen en forma arbitraria las tipificaciones abiertas y no
  precisas de terrorismo, financiación del terrorismo, sabotaje,
  rebelión, instigación y apología del delito, e incluso
  participación y hasta huelga. Proponemos precisión en esta
  tipología presente en todo el Código y consecuencia con la
  garantía de derechos eliminando la concepción de un derecho
  punitivo basado en la persecución a quienes piensan diferente
  tratándolos como delincuentes o más aún “enemigos internos”.
• Eliminar
  el Decreto 016 por atentatorio al derecho a la libre asociación y
  participación autónoma de las diversas actorías sociales.
• Promover
  una Cultura de la Paz, basada en la justicia social, como el
  conjunto de principios, actitudes y herramientas que rechazan la
  violencia y previene los conflictos atacando sus causas, mediante el
  diálogo, la negociación y la restauración de los derechos
  violentados.