Tanto el Gobierno como oficialistas, empresarios y asambleístas de oposición de derecha, opinan que de no concretarse el acuerdo este año el país entraría en una situación complicada, en tanto desde enero de 2017, las principales agroexportaciones nacionales pagarían aranceles para ingresar a Europa y perderían competitividad frente a Colombia y Perú, que ya firmaron este TLC. Patricio Donoso, asambleísta de CREO, espera no llegar a esos extremos, pero considera que el Gobierno tardó demasiado en acercarse a Europa
Por otro lado,
Pablo José Iturralde, director del
CDES, confirmó que dialogaron con el eurodiputado Scholz, reunión en la que se le informó sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador y de las razones de sociedad civil para oponerse a la firma del TLC. Iturralde sostiene que los principales beneficiarios nacionales son los grandes agroindustriales “
de los 3 mil millones de dólares exportados a la Unión Europea en 2014, más de 801.5 millones recibieron los comerciantes de banano, 768.4 millones las camaroneras y 546.1 millones los industriales de pescado.” Añade, “el costo del TLC puede resultar más caro que beneficioso, considerando que
los afectados son los campesinos, la principal fuente de trabajo rural, mientras que, en caso de no firmar el acuerdo, se puede subsidiar a los exportadores afectados.
