Las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se relacionan con los Tratados de Libre Comercio TLC y los Arbitrajes Internacionales. Implican, entre otros objetivos, la apertura indiscriminada al mercado internacional. En unas condiciones de desigualdad del intercambio comercial y de las economías a nivel global, donde veinte países (G20), controlan el 85% de la economía, estos lineamientos económicos impactan negativamente la salud, la alimentación, la producción, el trabajo, los territorios y la naturaleza de países como el Ecuador donde en el área rural la pobreza alcanzó el 40,3% y la pobreza extrema el 17,4% y solo el 38% de personas en edad de trabajar cuentan con pleno empleo, según cifras del INEC 2019.

Los TLC son antesala o efecto de la intervención del FMI. En el caso ecuatoriano, esta secuencia se concretó con la firma del TLC con la Unión Europea en el gobierno de Rafael Correa. Lenin Moreno, ex vicepresidente de Correa y electo presidente por su partido, profundiza el modelo mediante: un acuerdo comercial con cuatro países europeos (EFTA), integración a la Alianza del Pacífico un mandato expreso del FMI, negociaciones con Estados Unidos y con China para nuevos TLC y, un acuerdo absolutamente entreguista con el FMI a cambio de un préstamo para paliar el presupuesto estatal y pagar laudos arbitrales (según datos de la Procuraduría General del Estado, Ecuador enfrenta 13 arbitrajes y debe pagar millones de dólares a transnacionales como Chevron, Perenco entre otras). Ya en 2014 el FMI volvió al Ecuador en una misión de “monitoreo” que derivó en una mayor intervención.

Los monopolios económicos, únicos beneficiarios de estas políticas neoliberales, mienten al afirmar que el paquetazo puede sacar al país de la crisis provocada por la codicia de quienes reciben condonación de millonarias deudas y disminución de sus impuestos. Incluso durante los dolorosos días del levantamiento estos grupos sacaron capitales por 545 millones de dólares (Observatorio Dolarización, 2019), afectando la economía dolarizada del Ecuador. La respuesta ha sido el legítimo levantamiento indígena que sumó en forma espontánea innumerables sectores populares, que conocen de sobra los perjuicios que les causarán el alza de los combustibles, las políticas laborales regresivas y la profundización del despojo extractivo minero, petrolero, agroindustrial y otros.

El despliegue político, policial, militar y comunicacional del régimen y de sus aliados la derecha empresarial que se enriqueció como nunca durante la bonanza petrolera quiere continuar lucrando a costa del sacrificio de los sectores sociales más vulnerables, tiene un propósito aún más perverso: la neutralización del movimiento indígena, único actor con capacidad de oponer resistencia a las políticas de saqueo de los recursos naturales que vienen aparejadas con las recetas del FMI y con los TLC. Ya el gobierno anterior persiguió a indígenas y campesinos que exigían respeto a sus derechos colectivos. Hoy, la arremetida brutal aumenta: defensoría del Pueblo informa que el saldo del paro es 8 muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos; el gobierno lo niega y la campaña mediática desprestigia dirigentes, a la vez que les inician juicios a dirigentes, se intimida comunicadores populares y a quienes integraron brigadas humanitarias.

La Red ECUADOR DECIDE MEJOR SIN TLC ha sostenido desde hace dos décadas una postura firme contra la suscripción de TLCs porque la historia socioeconómica mundial prueba que son atentatorios contra los derechos de las mayorías. Estamos atentos a la situación dolorosa de varios países de Latinoamérica y el mundo en los cuales se observa la misma respuesta de los empobrecidos a los gobiernos los cuales con violencia defienden a las élites que imponen el neoliberalismo.

Es inaceptable un discurso racista y de odio que distorsiona las verdaderas causas de la protesta social. Es inaceptable la ceguera de los funcionarios del FMI que deciden medidas económicas injustas, esas sí incendiarias. En Ecuador más de mil familias empobrecidas deben recibir justicia por los heridos, presos, desaparecidos y muertos que ha causado la represión. Nos sumamos a la exigencia del 76% de la población ecuatoriana (Fuente CEDATOS), que demanda al gobierno no imponer las medidas de ajuste estructural y junto a organizaciones de Derechos Humanos exigimos libertad, justicia, reparación.